Los cursos de verano de La Granda (Asturias) ha ofrecido estos días el dato de que una de cada cinco personas mayores de 65 años es frágil, «pero lo bueno es que es una condición que se puede prevenir y tratar», según Beatriz Rodríguez Sánchez, economista de la salud de la Universidad de Groningen, autora de la conferencia. La Unión Europea, con España a la cabeza, trabaja conjuntamente en combatir esta patología.
Según publica el suplemento de salud del diario ABC, la UE trabaja actualmente en una acción conjunta sobre prevención de la fragilidad, que está liderada por España, «es decir que ya se están haciendo cosas, pero como es algo relativamente novedoso, no es fácil medir el coste económico que supondrá intervenir en fragilidad».
El concepto de fragilidad alude a un síndrome que empeora con la edad y que describe los síntomas que apuntan a una posible futura discapacidad, según ha explicado Rodríguez Sánchez, que hoy ha participado en un seminario organizado por la Escuela de Verano de La Granda sobre envejecimiento.
Uno de cada cinco es frágil
La ponente ha señalado que los expertos se cuestionan si la ganancia en esperanza de vida se va a experimentar en bueno o en mal estado de salud. «Eso hasta dentro de unos años, lógicamente, no lo veremos, pero un análisis sobre el impacto de distintas enfermedades crónicas y la fragilidad muestra que el mayor reductor de la calidad de vida es la fragilidad y no la enfermedad crónica», ha subrayado Rodríguez Sánchez.
La ponente ha echado mano de un informe de la Unión Europea que sostiene que en 2060 el gasto sanitario va a pasar del 7,8 al 8 por ciento del PIB, teniendo tan sólo en cuenta el envejecimiento de la población.
Centrarse en las prioridades
«Ese 0,2 por ciento quizá no parezca mucho a simple vista pero se traduce en millones y millones de euros», ha advertido la experta, que se muestra partidaria de adoptar medidas para que esa situación no se vaya a producir, al menos a ese nivel.
La ponente ha apuntado entre las posibles soluciones centrar más el foco en la discapacidad y en el deterioro funcional que en la enfermedad crónica, ya que lo primero supone el 78 por ciento del gasto sanitario, sobre todo el referido a las residencias.
