Con más de seis millones y medio de pensionistas, y un gasto del 11,8% del PIB en España, el sistema de pensiones es uno de los desafíos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno. Vamos, que mantener las pensiones es, sin duda, la primera reforma que debe afrontar el ejecutivo recién nombrado, pues la evolución demográfica en nuestro país augura la ruina del sistema si no se toman medidas.
El sistema público de pensiones requerirá 120.000 millones de euros este año, lo que supone en torno a un tercio del gasto público total de España y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres veces el de Educación. La hucha, que se fue llenando en los años de mayor crecimiento económico y de empleo, se vaciará en diciembre de 2017. Un artículo del diario ElPaís desarrolla esta información de manera divulgativa.
Pocos problemas socioeconómicos están tan bien diagnosticados como el de las pensiones públicas contributivas. El sistema de reparto vigente implica que los trabajadores activos de hoy pagan las percepciones de los jubilados de hoy. No hay previsión ni capitalización. El sistema está topado por una cotización máxima que se detrae de la remuneración de los activos y por una pensión máxima. Este sistema de reparto ha entrado en crisis en un momento político delicado (más de 300 días sin Gobierno efectivo).
Quiebra del sistema
Entiéndase por crisis no una quiebra del sistema y el impago de las percepciones. Un sistema de reparto como el vigente en España tiene garantizado en torno al 10% del PIB en ingresos. Los pensionistas siempre dispondrán de ese 10%; pero si el PIB cae, el número de los pensionistas aumenta, la pensión se prolonga o aparecen otros desequilibrios internos, la pensión será menor y el poder adquisitivo puede hundirse. La crisis así entendida se ha hecho evidente por el rápido agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha) que ha pasado de un depósito de más de 60.000 millones a guardar hoy apenas 24.000.
Según el reportaje publicado por ElPaís, el sistema de pensiones públicas necesita una reforma en profundidad. No un cambio de modelo, sino un patrón más adecuado de gestión y financiación. Con sueldos más bajos, la cotización cae aunque la afiliación aumente; con contratos temporales, sucede lo mismo. La suposición de que la crisis actual del sistema es coyuntural y el déficit del sistema (unos 17.000 millones) desaparecerá con rentas más altas y empleo más estable es demasiado optimista. Es probable que la caída de rentas salariales y el estancamiento del empleo fijo hayan llegado para quedarse.
