Comentábamos la semana pasada que en nuestro país, que cuenta ya con más de seis millones y medio de pensionistas, y un gasto del 11,8% del PIB, el sistema de pensiones es uno de los desafíos a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo. Vamos, que mantener las pensiones es, sin duda, la primera reforma que debe afrontar el Gobierno recién nombrado, pues la evolución demográfica en nuestro país augura la ruina del sistema si no se toman medidas.
Mientras tanto, los gastos del sistema crecen, por efecto del mayor acopio de jubilaciones, porque las pensiones cada vez son más altas, porque la relación entre cotizantes y pensionistas se deteriora y porque el sistema de reparto no puede sostener una afluencia creciente de jubilados con largos periodos de percepción y subsistencia. Un artículo del diario ElPaís desarrolla esta información de manera divulgativa, e invitamos a repasarlo.
El factor que pone en peligro la financiación del sistema a largo plazo no es el paro, ni la depresión salarial, sino la persistente ampliación del periodo que media entre el comienzo de la percepción y el momento del fallecimiento del pensionista. Este plazo crece por el aumento de la esperanza de vida; aumenta y dilata el coste de las percepciones, mientras que los ingresos por cotizaciones se mantienen en el mismo porcentaje de PIB.
Pensión ¿completa?
La pregunta crucial para el jubilado o al borde de la jubilación es si percibirá su pensión sin merma de cuantía, de derechos (¿por qué los futuros pensionistas no van a percibir la misma pensión que los actuales si cotizan igual?) y de poder adquisitivo durante su vida. La respuesta es que si no se toman ya medidas correctivas, el sistema entrará en crisis (riesgo de recorte de las percepciones) en los próximos cinco años.
El agotamiento de la hucha implica que a partir de diciembre de 2017 el desequilibrio entre ingresos y pagos del sistema pasa a constituirse en deuda y deberá ser soportado por el Presupuesto en forma de endeudamiento. A nadie se le escapa que el Presupuesto del Estado difícilmente puede soportar, con su estructura actual de ingresos y gastos, un esfuerzo financiero de 15.000 millones, que es lo que costaría absorber las pensiones de viudedad y orfandad. Sin contar con el hecho de que las cuentas del Estado sufren vaivenes cíclicos más acusados que las cotizaciones.
Vías de reforma
¿En qué consistiría la reforma financiera o corrección del sistema de pensiones públicas? A título indicativo, el paso inicial es un acuerdo político-social sobre una reforma profunda dentro del actual sistema de reparto. El acuerdo trasciende el Pacto de Toledo; debe implicar un compromiso de los agentes políticos y sociales a largo plazo, porque el modelo vigente implica una distancia creciente en el periodo de percepción de la pensión. Importan por supuesto y mucho las decisiones de reforma a corto plazo, para prevenir los recortes. En el marco de ese acuerdo deseable parece oportuno explorar algunas vías de acción. Como estas:
- Respaldo presupuestario, en lo que permita la política de estabilidad, de los derechos de los trabajadores activos y los jubilados.
- Supresión rápida y ordenada de las exenciones y reducciones de cotización (como las tarifas planas) que se aplican como estímulo a la creación de empleo e incentivan poco o nada.
- Sondear la posibilidad de crear recargos fiscales transitorios (en Renta o en Sociedades), para hacer frente al descenso de ingresos. El PSOE ya ha propuesto un tributo especial.
- Calcular el impacto y consecuencias de eliminar parcialmente el tope máximo de cotización, quizá aplicable a las rentas salariales más altas. En este punto, el debate es enconado porque se supone que eliminar el tope de cotización debería tener como consecuencia un aumento correlativo de la pensión máxima. Según los más cautelosos, implicaría un encarecimiento del factor trabajo.
- Reforma o recorte de la pensión de viudedad, pensada inicialmente como una compensación en un mercado laboral con escasa presencia de la mujer. Podría considerarse la sustitución del régimen actual por una prestación pagada por una sola vez.
- Ampliación efectiva de la edad de jubilación, pactada con las empresas. En este ámbito, sería oportuno sondear también la modificación de las normas que impiden a un jubilado seguir trabajando, siempre y cuando pague una cotización.
La reforma no es trágica, pero sí perentoria. Lo que se decide sobre pensiones surte efecto a largo plazo. No hay margen para parches demagógicos, ni demoras.
